Los diez mayores errores de Zapatero

A modo de descargo: Escribo este decálogo con el convencimiento de que no es el primero en su género ni será el único, ni tampoco de que servirá como eje para el análisis de nada. Es sólo una forma de plasmar mi opinión sobre las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, resumida en diez puntos. Y lo hago a sabiendas de que la observación a posteriori es ventajista. Pero el ventajismo sirve, precisamente, para juzgar y para tratar de elucubrar cómo habrían ido las cosas con un conjunto de decisiones distinto.

Con la crisis aún en su génesis, alguien anónimo dijo que Zapatero sería recordado en el futuro como un hombre de diálogo, y que se le reconocería su mérito social. No era nadie de la esfera socialista, ni siquiera alguien convencidamente de izquierdas, pero que valoraba la política según sus creencias aparentemente neutrales. En aquel momento la valoración del expresidente caía en picado, aunque bien es cierto que aún no había llegado su golpe de timón más sangrante.

A mi juicio, estos son los diez errores más graves de los siete años y siete meses de gobierno de Rodríguez Zapatero. No son ni la verdad absoluta ni tampoco un ejercicio de consenso o recopilación. Son simplemente los errores que, desde mi punto de vista, nunca debió cometer y que, de una u otra manera, se reflejan en el país de hoy, gobernado a golpe de real decreto por Rajoy.

1. El golpe de timón.

La fecha del 15 de mayo de 2010 ha quedado grabada a fuego en la biografía de José Luis Rodríguez Zapatero, en la de todos sus ministros (especialmente de Elena Salgado) y en la de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Esa fue la fecha en la que Zapatero decidió abandonar sus tesis y someterse a lo que le dictaban desde Alemania Europa: recortes presupuestarios y salariales, aumento de los impuestos indirectos y ajuste fiscal general para controlar el creciente déficit en los presupuestos. De aquí se sucedieron todos los demás: recorte general de inversión en I+D y en obra pública, reforma exprés y contra natura de la Constitución... qué más puedo decir.

La solución más tajante para forzar un pulso a quienes exigían medidas a España hubiera sido la dimisión o la convocatoria de elecciones. De querer continuar en el poder, como así lo hizo, hubiera bastado el planteamiento de una cuestión de confianza en el Congreso como suerte de refrendo a sus políticas respecto de las propuestas europeas o, incluso, un referendum. Todo muy romántico, seguramente, pero al menos se habría sometido al dictamen de la soberanía popular, y no al mandato oficioso de sus socios europeos.


2. El keynesianismo a la española.

No es un error tan evidente, porque el conocimiento popular de economía no llega a estas cotas... pero es el eje fundamental del argumentario de la herencia recibida. Zapatero gastó 50.000 millones de euros en el Plan E, un plan de impulso económico orientado a la obra pública municipal. Sin duda, un tremendo error de bulto en tanto que servía para mantener a flote un sector en hundimiento como era la construcción. Una huida hacia adelante, sabiendo que se trataba del sector que más contribuía al PIB.

Lo sensato habría sido efectivamente gastar esos mismos 50.000 millones de euros, pero no en obra pública (o al menos no tan alegremente), sino fomentando, entre otras cuestiones, la diversificación de la economía. Sólo con 10.000 millones orientados al apoyo a emprendedores y autónomos hubieramos tenido probablemente un desarrollo distinto de la crisis (y sobre todo del desempleo). Incluso hubiera sido más sensato la creación de un fondo para la amortización de hipotecas cuyos prestatarios no pudieran hacer frente, reduciendo así la deuda privada de los hogares y limitando el efecto del cierre del grifo crediticio.


3. No pinchar la burbuja.

En este no me entretendré mucho. Más bien nada. Sólo con nombrarlo todos entendemos el por qué y cuáles habrían sido las medidas alternativas.


4. El mantenimiento de Rubalcaba en el Gobierno.

Alfredo Pérez Rubalcaba era el hombre. Y lo era desde mucho antes de su nombramiento oficial. La retirada de Carme Chacón de la carrera por la candidatura a presidenta del Gobierno, con presiones nada disimuladas, fue probablemente la prueba más palpable de que la elección de Rubalcaba no fue únicamente un ejercicio democrático libre del partido, sino que vino impuesto desde un tiempo antes. Al margen de mis apreciaciones personales sobre este asunto, que supongo que el lector podrá intuir fácilmente, el mantenimiento de Rubalcaba como ministro del Interior y portavoz del Gobierno fue un error mayúsculo. Ni siquiera los éxitos en la lucha antiterrorista sirvieron para contrapesar su exposición a las críticas al ser la imagen fundamental del Gobierno.

Dando por hecho que Pérez Rubalcaba era el sucesor (un error que tiene su apartado propio en esta lista), su permanencia al frente del ministerio del Interior y, lo que es peor, al frente de la portavocía del Gobierno fueron elementos que lastraron el desenlace final de las elecciones de noviembre de 2011, así como argumentos necesarios y suficientes para acusar a Rubalcaba de haber sido cómplice del Gobierno por comisión y por omisión de hechos que, como líder de la oposición, ha cuestionado al gobierno de Rajoy. En estas condiciones, Rubalcaba debía haber abandonado el Gobierno mucho antes, incluso haciendo algo de teatro y mostrando su disconformidad con algunas decisiones del Ejecutivo de Zapatero. Sólo así su candidatura hubiera obtenido algo de credibilidad y´a buen seguro, más apoyo popular.


5. Blanco, portavoz.

El cese de Rubalcaba como ministro del Interior y portavoz del Gobierno dejó ambas plazas libres. Antonio Camacho le sucedió al frente del departamento de asuntos interiores, mientras que la cara visible del gobierno pasó a ser Pepiño José Blanco. Como todo el mundo sabe, no hay nadie mejor para ejercer la portavocía del Gobierno que el ministro de Fomento, claramente (#sarcasmo). Resultaba curioso este caso, teniendo a alguien con más capacidad pedagógica como es Ramón Jáuregui al frente de un ministerio más natural para esas funciones: el de Presidencia. Claro, que Jáuregui probablemente no tenga la contundencia verbal ni la dialéctica venenosa de Blanco, que siempre se ha caracterizado por colar falacias y provocaciones entre sus argumentos. Quizá esa era la estrategia de su nombramiento: ser el último cañón en cubierta de un barco que naufragaba sin remedio.

Blanco nunca podrá ser buen portavoz de nada. Si acaso, eficaz; siempre que por eficacia entendamos imponer nuestra doctrina a costa de la del bando identificado como contrario. Blanco tiene una capacidad dialéctica bárbara en el ámbito electoral y partidista, pero cuando se ubica en una órbita institucional como es el Gobierno, la cosa cambia. Ahí, mal que le pese al más virulento de los gobernantes, el portavoz debe ser ecuánime, respetuoso e impasible, y sobre todo debe parecer buena persona. Ya nombré a Jáuregui, para mí el mejor de los candidatos a portavoz, pero no el único. Ministros igualmente amortizables y menos estridentes, como Ángel Gabilondo, Manuel Chaves o incluso Leire Pajín (que quede claro que los he escrito tapándome la nariz) hubieran dado una imagen más humilde del Gobierno. Porque, en mi opinión, el Gobierno debe usar la portavocía para comunicar, no para arengar a las masas.


6. Rubalcaba, sucesor de Zapatero.

Qué decir de la designación de Alfredo Pérez Rubalcaba. Su imagen, manchada (justificadamente o no) por el escándalo de los GAL, vuelta a manchar por el caso Faisán y terminada de manchar por la importante implicación política de Rubalcaba en la última legislatura de Zapatero, suponía un inicio con mucho lastre en la carrera por la presidencia del Gobierno. Por si fuera poco su campaña electoral fue una puta mierda tremendamente desafortunada, pero eso es harina de otro costal y ni es un error de Zapatero ni me parece un error tan grave y dramático.

Ya es doloroso que un presidente del Gobierno impulse la designación de un sucesor de una generación anterior, olvidando tanto a su generación como a la venidera (probablemente sea una herencia de la sucesión desordenada y convulsa tras la dimisión de Felipe González en 1997). Más doloroso es que medio partido se eche las manos a la cabeza con su designación. Rubalcaba nunca debió ser el candidato. Primero, por su implicación en el Gobierno, siendo quizá ésta la baza más en su contra. Y segundo, porque es un político cuya imagen está muy enquistada en ciertos asuntos espinosos, algunos vox populi y otros menos conocidos. ¿Quién podría haberle sucedido? Al margen de Carme Chacón, cuyos apoyos en el partido eran de sobra conocidos, sonaron Eduardo Madina y Patxi López (aunque, para mí, tienen muy poca entidad política y hubieran supuesto o bien un efecto Zapatero o bien un efecto Almunia). En todo caso, lo más sano hubiera sido un proceso de primarias estructurado y un candidato preferentemente ajeno a la política gubernamental.


7. El pobre desarrollo de la Ley de Dependencia.

La ley de dependencia nació muerta. Una ley que sirve para dar subvenciones a las familias con personas dependientes está condenada a desaparecer en el primer ajuste presupuestario. Hoy estamos viendo las dramáticas consecuencias de ese monumental recorte, lo que ha llevado a los dependientes a manifestarse en masa.

Está muy mal eso de crear un programa para la dependencia que consista en dar dinero a las familias. El concepto de dependencia implica crear toda una estructura administrativa que se encargue de gestionar no sólo esas ayudas, sino los propios medios, humanos y materiales, para ayudar a las personas dependientes. Crear esta estructura en forma de un nuevo cuerpo funcionarial probablemente habría evitado un recorte tan drástico en dependencia (y de paso habría podido servir para llevar a cabo la tan cacareada política de racionalización de recursos, planteando la movilización de personal público). Bien es cierto que la crisis sirve como excusa argumento para tratar de justificar tal decisión, pero desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007 hasta el fin de la era Zapatero transcurrieron casi cinco años. Diligencia administrativa, le dicen.


8. Sinde.

Ángeles González-Sinde fue un error. Su nombramiento, también. Los poderes otorgados, el mayor de los errores. Con la actuación de Sinde, el asunto de los derechos de autor se elevó a la categoría de problema de Estado, más importante que la crisis económica, que la destrucción de empleo y que la desestructuración social que estaba en ciernes y que hoy empezamos a adivinar. Sí: Sinde fue un error porque supuso variar drásticamente el centro de gravedad en favor de los autores, olvidando salvajemente a muchos otros colectivos tan necesitados como ellos (o más).

Los de la ceja no son culpables de nada. Son un lobby más, como las eléctricas, como el lobby gay o como los fabricantes de automóviles. Por eso, ellos tienen plena libertad para pedir por esa boquita lo que estimen oportuno (recuerde el lector que lobby viene de cuando los grupos de presión esperaban a los políticos en el lobby –o recibidor– del Parlamento británico para exponerle sus pretensiones). Culpable es el Gobierno que accede a cumplir con las pretensiones del lobby de turno, y culpable fue el gobierno de Zapatero cuando decidió acceder a convertir, de facto, los derechos de autor en el epicentro de su programa, incluso nombrando ministra de Cultura a una profesional del ámbito, incurriendo en posibles incompatibilidades que, sin embargo, fueron sospechosamente desestimadas por la Oficina de Conflicto de Intereses.


9. No interceder en favor de Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón es un juez polémico, chulo y con un afán de protagonismo que lo flipas. Y sin embargo, creo que era necesaria su permanencia. Garzón es el único juez que ha tenido los arrestos necesarios para saltarse a la torera esa chorrada la ley de amnistía de 1977 e investigar un régimen lleno de crímenes e incumplimientos de todos los derechos, incluso de aquéllos que emanan de los principios generales del Derecho. Que Zapatero se desentendiera del asunto demuestra, simplemente, que la Justicia no siempre está politizada en favor del color del gobierno de turno (o lo que es peor, que el gobierno de turno es capaz de olvidarse de su color para que un chivo expiatorio pague el pato).

Que la Justicia tenga un verso libre capaz de plantar cara a toda la judicatura conservadora y a la derecha política sirve, de algún modo, para contrapesar. Hoy, Garzón hubiera podido ser el azote de Rajoy en materia de Justicia, dejando en evidencia más de una y más de dos decisiones del Ejecutivo. Hoy Baltasar Garzón era necesario, pero ni estará él ni estará nadie como él, porque el precedente de la persecución judicial ya está sentado y lo recuperarán cuando quieran. ¿Qué podría haber hecho Zapatero en favor de Garzón? Indultarlo. Así de fácil.


10. Ministros autoamortizables.

No se explica fácilmente que la ministra de Educación fuera cesada tan sólo dos años después de su incorporación al primer gabinete de Zapatero. Aprobada la LOE, María Jesús San Segundo fue reemplazada por Mercedes Cabrera, en una maniobra que algunos interpretaron como una muestra de la ineficacia política de la primera. En mi opinión, Cabrera no lo hizo tampoco especialmente bien, pero tuvo la suerte de toparse con un ministerio que ya tenía su principal baza en un movimiento inercial: la reforma educativa. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Sanidad, con cuatro responsables (Elena Salgado, Bernat Soria, Trinidad Jiménez y Leire Pajín) en siete años y siete meses de Gobierno. Y así muchos otros ministros, que dieron a los gobiernos de Zapatero una imagen endeble y, en ocasiones, de descoordinación.

Cuando los principales problemas acuciaban a la economía, el trabajo, la política antiterrorista y la inseguridad jurídica, lo más lógico es que sean estas áreas las más inestables, y no la sanidad o la educación. No soy partidario de la tecnocracia, pero sin duda es peor solución el nombramiento de ministros incapaces en las responsabilidades asignadas. Un ministro sólo puede quemarse en dos años por una campaña de desprestigio, por un cúmulo de circunstancias hostiles y calamitosas, o por su propia incompetencia. Y en los casos de Educación y Sanidad ni fueron salvajemente desprestigiados (recuerde el lector, por el contrario, los ataques a la responsable de Fomento, Magdalena Álvarez) ni se encontraron ante un entorno hostil y calamitoso (Pedro Solbes aguantó los embates en Economía mientras pudo, ídem en el caso de Celestino Corbacho en Trabajo o Jesús Caldera en Inmigración). ¿De verdad que era tan difícil encontrar gente válida en Educación (un perfil del estilo de Ángel Gabilondo) o en Sanidad? Cierto, no recordaba que Zapatero se debía a las cuotas territoriales por su ascenso a la Secretaría General del partido allá por el año 2000.


Errores que no he incluido entre los diez peores (pero que quiero destacarlos por algún motivo):

Negar la crisis.

Voy a ser políticamente correcto: creo que todo gobierno tiene la obligación de negar la crisis. Y ahora matizo: no me refiero a negarla hasta la extenuación, sino evitar que la sola mención de la palabra desate un pánico en la población. Hablar de crisis lleva a dejar de consumir, y dejar de consumir lleva a la crisis. El error fue negar la crisis y no tomar medidas.


La retirada de las tropas de Irak.

Fue su baza, su argumento principal y su primera medida cumplida: la ordenó tres días después de la toma de posesión del cargo y a las doce horas de nombrar a su ministro de Defensa, José Bono. Fue un error porque fue el punto de comparación con toda la política militar de los gobiernos de Zapatero. La retirada estaba condicionada a la inacción de la ONU, y resulta que la ONU se hizo cargo de la situación (resolución 1546, en su párrafo 15) antes del plazo dado por Zapatero, que expiraba el 30 de junio. ¿Resultado? Hubo posteriores envíos de contingentes a Irak, algunos de los cuales fueron sabidos a posteriori por la opinión pública. La posición de Zapatero sirvió también para cuestionar la presencia de tropas en Afganistán, Kosovo o Libia, aún cuando las tres estaban bajo mandato de la ONU. Sin embargo, que la política de defensa sea (afortunadamente) cuestión de segundo orden para la ciudadanía y, sobre todo, la existencia de diez errores más graves hacen que éste no entre en esa lista.